El mandatario Gustavo Petro dio un mensaje al país donde trató dos de los componentes esenciales de su plan de gobierno: la educación y la salud. A lo largo de su discurso, realizó un análisis de su trabajo en ambos ámbitos y propuso nuevas acciones para progresar en sus cambios profundos, a pesar de los desafíos legislativos que han detenido su puesta en marcha en el Congreso.
En el caso de la salud, el mandatario reiteró su crítica al modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al que calificó de ineficiente, corrupto y financieramente insostenible. Citó datos de la Contraloría General según los cuales 29 EPS acumulan deudas que superan los 30 billones de pesos, con apenas seis entidades cumpliendo los requisitos mínimos de solvencia. Según el presidente, este déficit no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Ante este panorama, Petro anunció que su gobierno avanzará en la transformación del sistema sanitario mediante un decreto que recoge gran parte de los principios contenidos en la fallida reforma que no prosperó en el Congreso. La nueva normativa elimina el rol asegurador de las EPS y propone su reconversión en Gestoras de Salud y Vida, entidades sin manejo de recursos que deberán centrarse en la articulación de servicios y el acompañamiento de los pacientes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que estarán distribuidos territorialmente y operarán bajo un enfoque preventivo y comunitario. El presidente defendió que esta transformación se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que cuenta con respaldo legal para su ejecución, aunque sectores de la oposición y algunos constitucionalistas han advertido que podría vulnerar el principio de separación de poderes y el rol deliberativo del Congreso.
Durante su discurso, Petro no escatimó en críticas hacia sectores privados del sistema de salud, particularmente contra grupos empresariales extranjeros que, según él, han lucrado con recursos públicos a costa de la salud de los colombianos. Las acusaciones más fuertes estuvieron dirigidas a una reconocida EPS de capital extranjero, a la que señaló de operar bajo esquemas que consideró delictivos. Estas declaraciones desataron fuertes reacciones por parte del gremio de la salud, que negó las acusaciones y advirtió sobre una posible politización del debate sanitario.
En el terreno educativo, el jefe de Estado destacó la ampliación de la cobertura en la educación superior pública, anunciando la creación de 155 mil nuevos cupos universitarios. Afirmó que su gobierno ha hecho una apuesta decidida por fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, y descartó la posibilidad de destinar recursos estatales para financiar matrículas en instituciones privadas, decisión que justificó con la necesidad de priorizar el fortalecimiento del sistema oficial.
Petro también habló sobre antiguos ministros de Educación de su administración, mencionando que algunos no compartieron la perspectiva progresista que, según él, impulsa su iniciativa. Esta autocrítica insinuó tensiones internas dentro del Gobierno, pero reafirmó su compromiso con la educación gratuita como una política estructural para disminuir la desigualdad social.
Las reacciones a la alocución no se hicieron esperar. Voceros de las EPS y expertos en salud pública calificaron los señalamientos presidenciales como imprecisos y afirmaron que el verdadero problema del sistema radica en un déficit estructural de financiación más que en actos de corrupción. También advirtieron que los cambios propuestos podrían generar un colapso operativo si no se implementan con una planificación adecuada.
En el escenario político, los grupos opositores expresaron inquietud por el enfoque unilateral adoptado por el gobierno respecto a las reformas, particularmente en un contexto de división y fragilidad de la coalición gobernante en el Congreso. No obstante, el Ejecutivo defiende que actuar mediante decretos es una respuesta justificada frente a la parálisis institucional y la necesidad apremiante de abordar las demandas de millones de personas.
La intervención de Gustavo Petro representa un momento de cambio en su administración. Ante la dificultad de progresar en el Congreso, el mandatario decide ejercer un liderazgo directo desde el Ejecutivo, enfocándose en iniciativas de gran repercusión que pretenden influir significativamente en los sectores sociales más vulnerables. Habrá que observar si su táctica conseguirá afianzarse sin generar nuevas divisiones en el balance de poderes y en el sistema democrático de Colombia.
