Después de una larga suspensión por líos contractuales, disputas judiciales y falta de presupuesto, el Museo de la Memoria en Bogotá vuelve a encender motores con un plan escalonado: abrir una parte al público en 2027 y culminar el proyecto en 2029.
Una reactivación orientada a lograr efectos palpables en el corto y mediano plazo
Tras más de tres años de suspensión, el proyecto del Museo de la Memoria —gestionado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)— retoma su construcción con un plan que da prioridad a la habilitación de zonas fundamentales antes de su entrega completa. La propuesta plantea una apertura parcial del edificio hacia el cierre del primer trimestre de 2027 y, a partir de allí, continuar con las fases restantes hasta finalizar en 2029. La obra se ubica en el cruce de la carrera 30 con la avenida de Las Américas, un sector estratégico de Bogotá que permitirá el ingreso del público en cuanto entren en funcionamiento los primeros espacios.
El plan de reactivación arranca con la adecuación de 5.277 metros cuadrados, aproximadamente un tercio del complejo, suficientes para poner en marcha salas iniciales, áreas técnicas y servicios básicos para visitantes. Esta estrategia de fases no solo responde a los tiempos de presupuesto, sino también a la necesidad de devolverle ritmo a un proyecto que, por su simbolismo y alcance cultural, ha cargado con expectativas de víctimas, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Con esta hoja de ruta, el CNMH busca mostrar avances concretos sin comprometer la calidad ni la seguridad de la construcción.
Qué se entregará primero y cómo funcionará la apertura gradual
La primera fase de esta etapa se centrará en finalizar el vestíbulo principal y los accesos exteriores, poner en funcionamiento los servicios dirigidos al visitante —recepción, punto de información, tienda y cafetería— y abrir una sala inaugural de exhibiciones. Entre los contenidos programados se encuentra “Voces para transformar Colombia”, un referente curatorial que articulará el guion general del museo y que, tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dispondrá de un espacio propio. Con esta determinación judicial se eliminó un obstáculo determinante: asegurar que los relatos y memorias integren diversidad y participación real de las víctimas.
En paralelo, se pondrán a punto áreas técnicas indispensables para la operación cotidiana: parte de los parqueaderos y zonas de soporte en el sótano, así como bodegas para preservar colecciones. El segundo piso incluirá otra sala expositiva y un conjunto de oficinas que permitirá al equipo del museo trasladar operaciones al edificio, fortaleciendo la presencia institucional in situ. La intención es que, con este “núcleo operativo mínimo”, el museo empiece a recibir visitantes y a realizar actividades públicas mientras continúan los trabajos en el resto del complejo.
Propuestas curatoriales y experiencias proyectadas en los niveles iniciales
La programación expositiva proyectada aspira a combinar experiencia, archivo y pedagogía. En el primer nivel se prevé activar espacios con fuerte carga simbólica y comunitaria, como el “Café para la paz”, un muro para la memoria de las personas víctimas de desaparición forzada y dispositivos participativos como “constelaciones de la memoria”. Estos componentes buscan propiciar un encuentro entre memorias locales y narrativas nacionales, favoreciendo prácticas de duelo, reconocimiento y diálogo ciudadano.
En el segundo nivel, la sala “Conflicto” se enfocará en una línea de tiempo que recorre hitos desde finales de los años treinta: transformaciones agrarias, emergencia y mutación de actores armados, el influjo del narcotráfico, el impacto sobre liderazgos sociales y las transiciones hacia el Acuerdo de 2016. Esta estructura no pretende clausurar debates, sino ofrecer un marco cronológico y documental que permita a las audiencias contextualizar procesos, identificar patrones y reconocer las voces múltiples que componen la memoria del país.
Presupuesto, cronograma y el nuevo contrato de obra
Para iniciar la reactivación se dispuso de un paquete inicial de recursos. En 2025 ya se cuentan con 21.000 millones de pesos apropiados, que al sumarse a los saldos del proyecto alcanzan cerca de 37.000 millones para retomar los frentes más críticos. Para 2026 se prevé adicionar otros 29.000 millones, con un costo global calculado alrededor de 100.000 millones para culminar la obra. Esta estructura de financiación por vigencias hace posible avanzar por fases y disminuir el riesgo de retrasos por falta de disponibilidad de caja.
La ejecución de la obra —que abarca cerca de 14.000 metros cuadrados de construcción— quedó a cargo del Consorcio Memorial, integrado por Ossa López S.A.S., Telval S.A.S. y Bernardo Ancízar Ossa López. La selección de este contratista marca un punto de quiebre con la etapa previa, que terminó con la salida de la firma española OHLA tras sucesivos atrasos y la expiración del contrato en octubre de 2022 cuando la obra aún no alcanzaba la meta de avance. El nuevo operador asume el reto con un diseño ajustado por fases y metas intermedias verificables, lo que debería traducirse en mayor control sobre plazos y entregables.
Precisiones acerca de la estabilidad estructural y la resistencia sísmica
Una de las polémicas que rodearon el proyecto fue un informe interno divulgado en 2023, según el cual existían deficiencias en muros y concretos a la vista que podrían afectar la sismorresistencia. Desde la dirección del CNMH se ha desestimado la validez de ese documento, señalando que los conceptos técnicos competen a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), entidad responsable de grandes proyectos de infraestructura del Estado y del seguimiento técnico de esta obra. De acuerdo con la dirección actual, no hay reportes oficiales que confirmen fallas estructurales ni incumplimientos de norma sismo resistente.
La reanudación, en todo caso, integra verificaciones adicionales, controles reforzados y una trazabilidad más rigurosa de los procedimientos constructivos, orientados a proteger el proyecto frente a objeciones técnicas y a asegurar el rendimiento del edificio. Estos criterios podrán ser auditados, un punto clave para un museo que busca posicionarse como referente nacional e internacional tanto por su propuesta expositiva como por su arquitectura.
Participación de víctimas y validación del guion museológico
El relanzamiento del proyecto se presenta junto con un compromiso claro hacia la participación social, y el CNMH indicó que tanto el plan como el guion museológico fueron renovados y actualmente atraviesan fases de validación con organizaciones de víctimas y diversos actores sociales, además de contemplar la aplicación de metodologías de trabajo en los territorios para que los seis espacios centrales del guion incorporen narrativas diversas, enfoques diferenciados y mecanismos de participación comprobables.
Esta ruta resulta esencial para afianzar la legitimidad del museo, ya que, al reconocer que la memoria del conflicto es múltiple y con frecuencia objeto de disputa, el proyecto asume el desafío de elaborar narrativas que no borren vivencias, que presten atención al uso del lenguaje y que impulsen interrogantes bien fundamentados. La exposición “Voces para transformar Colombia”, actualmente libre de restricciones cautelares, funcionará como el eje que articulará el relato integral del museo, enlazando memorias locales con una interpretación nacional del ciclo de violencia y de sus transiciones.
Aprendizajes derivados del pasado reciente y mejoras aplicadas a la gobernanza del proyecto
El Museo de la Memoria tiene una historia compleja desde su gestación. El diseño del edificio provino de un concurso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero el presupuesto estatal inicial no alcanzaba para materializar el proyecto ganador en su integralidad, lo que obligó a recortes y ajustes técnicos. La adjudicación de 2020 a OHLA por 64.000 millones derivó en atrasos persistentes, cierre de contrato y litigios cruzados: la empresa demandó por cerca de 23.000 millones alegando problemas de diseño y ejecución, mientras que la ANIM presentó contrademanda por unos 55.000 millones por supuestos incumplimientos y fallas de calidad. Estos procesos siguen su curso y podrían tomar tiempo en resolverse.
Para destrabar la parálisis, la ANIM y el CNMH llevaron a cabo un cierre legal y financiero que estimó en cerca de 100.000 millones el costo de reactivar el proceso, estructurando un nuevo proyecto de inversión con vigencias para 2025, 2026 y 2027. También se implementó un esquema de hitos por etapas con metas verificables, lo que hace posible exhibir progresos relevantes al público sin aguardar la conclusión total. Esta forma de gobernanza por segmentos procura reducir riesgos y optimizar la articulación entre la supervisión técnica, la interventoría y el contratista.
Un museo comprometido con el servicio público y una memoria diversa
El propósito esencial del Museo de la Memoria trasciende su diseño arquitectónico, pues su verdadero valor reside en brindar un espacio para comprender el conflicto armado, reconocer la dignidad de las víctimas y fomentar prácticas orientadas a evitar su repetición. La apertura parcial prevista para 2027 hará posible poner en marcha servicios al público, iniciativas educativas y áreas para el encuentro comunitario, incluso mientras continúan los trabajos de construcción. Esta etapa será además una ocasión para ensayar contenidos, modificar rutas de visita y consolidar estrategias pedagógicas sustentadas en la retroalimentación de visitantes y colectivos.
En esa línea, la curaduría procura evitar interpretaciones únicas o definitivas, y la incorporación de cronologías, archivos, relatos y mecanismos de participación pretende ofrecer a cada visitante recursos que le permitan comprender el pasado cercano y tomar posición ante sus dilemas éticos y políticos. El museo, entendido como un bien público, aspira a funcionar con criterios de transparencia, apertura al cuestionamiento y responsabilidad en torno a sus decisiones curatoriales y administrativas.
Perspectivas venideras y el rumbo previsto hacia 2029
Con la contratación en firme, recursos comprometidos y un plan por fases, el corto plazo se enfocará en obras civiles del vestíbulo y accesos, adecuaciones técnicas del sótano, terminación de la primera sala y el acondicionamiento del segundo nivel para la operación institucional. En paralelo, continuarán las validaciones del guion con organizaciones de víctimas y el diseño de experiencias museográficas que equilibren rigor histórico y accesibilidad para públicos diversos.
De mantenerse el cronograma, el museo iniciará operación parcial a inicios de 2027 y ampliará su oferta progresivamente hasta completar el edificio en 2029. Ese horizonte no elimina los retos —gestión de recursos, estabilidad de precios, coordinación interinstitucional—, pero ofrece un camino plausible para que el país disponga, por fin, de un espacio de memoria acorde con la magnitud de su historia reciente. La reactivación no solo destraba ladrillos y concreto: abre la puerta a un diálogo social pendiente que, con cuidado y pluralidad, puede convertir la memoria en una herramienta activa para la paz.
