Un nuevo episodio en la discusión sobre la reforma del sistema de salud ha activado las alarmas en varios ámbitos. El Ministerio de Salud se prepara para emitir un decreto que busca avanzar en la aplicación de elementos fundamentales de la reforma sin requerir la aprobación del legislativo. La medida, que algunos han descrito como un “camino alterno legal”, ha provocado inseguridad jurídica, inquietud económica y un aumento en la polémica política.
El decreto mencionado propone establecer la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RIISS), una entidad que ya estaba sugerida en el texto original de la reforma discutida pero no aprobada en el Congreso. Con esta organización, se modificaría la contratación y prestación de los servicios de salud, transfiriendo funciones esenciales a los organismos territoriales y cambiando el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Ejecutivo sostiene que el decreto se ampara en normas ya vigentes y no requiere del trámite legislativo, expertos constitucionalistas y analistas del sector salud han advertido que su contenido va mucho más allá de una simple reglamentación administrativa. Argumentan que el texto introduce cambios estructurales al modelo actual de aseguramiento, lo que, en su opinión, debería ser debatido y aprobado en el Congreso de la República, conforme al principio de separación de poderes.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de transparencia respecto a las fuentes de financiamiento necesarias para asegurar la implementación de la RIISS. La nueva estructura significaría que los fondos del sistema de salud sean administrados de manera directa por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por los gobiernos locales, lo que alteraría el flujo habitual de dinero que actualmente circula a través de las EPS. Según estimaciones iniciales, se necesitarían miles de millones de pesos adicionales para activar las nuevas redes, pero hasta este momento, no hay una fuente definida y sostenible que soporte ese gasto.
Al mismo tiempo, diferentes partes involucradas en el sistema de salud —como gobernadores, secretarios de salud de los departamentos y asociaciones de profesionales de la industria— han expresado su inquietud por la próxima implementación de un modelo que no se ha evaluado ni siquiera en una fase piloto. Temen que, sin una planificación correcta, puedan surgir deficiencias en la prestación de servicios, se incrementen las deudas con las clínicas y hospitales, y se agravien los problemas actuales, como los atrasos en los pagos a los proveedores y la congestión en los servicios de atención primaria.
El Ministerio, por su parte, defiende la necesidad del decreto como una medida para avanzar en la transformación del sistema y evitar que las resistencias políticas sigan postergando decisiones urgentes. Asegura que se tratará de una implementación progresiva y que se garantizará el respeto de los derechos de los usuarios, así como la continuidad en la atención médica. Sin embargo, las garantías sobre la operatividad del nuevo modelo siguen siendo escasas, y aún no se ha publicado el texto final del decreto, lo que incrementa el nivel de incertidumbre.
Ciertos grupos políticos han manifestado que podrían utilizar recursos legales para detener su implementación, sosteniendo que representa un uso inapropiado de la autoridad normativa. También se considera la opción de que la Corte Constitucional intervenga para evaluar el alcance del decreto, si se comprueba que reemplaza la función legislativa sin el correspondiente debate democrático.
Mientras tanto, tanto los pacientes como los empleados del sector vigilan con inquietud una reforma que, más allá de sus objetivos, aún no logra aclarar las incógnitas sobre su viabilidad técnica, legal o económica. La cuestión de fondo sigue en debate: ¿es válido que el Ejecutivo prosiga con la reforma estructural del sistema de salud mediante procedimientos administrativos, sin el apoyo del Congreso? ¿O es una reacción imprescindible ante un sistema que ha sido profundamente criticado durante años?
Lo cierto es que, con este decreto, el país se aproxima a un punto de quiebre en la política sanitaria, en medio de un clima de alta polarización institucional y con consecuencias que podrían marcar el rumbo del sistema de salud por los próximos años.
