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El director colombiano de la empresa minera estadounidense Drummond ha sido acusado de financiar un grupo paramilitar que asesinó a dos líderes sindicales en 2001.
El jefe de Drummond Colombia, José Miguel Linares, y su antecesor, Augusto Jiménez, enfrentarán cargos de conspiración.
La acusación alega que los dos ejecutivos mineros pidieron al Bloque Norte de la ahora desaparecida organización paramilitar AUC que proporcionara «seguridad» alrededor de las minas de la empresa estadounidense en la provincia de Cesar.
Entre 1996 y 2001, Linares y Jiménez supuestamente inflaron el valor de un contrato con un proveedor de alimentos para pagarle al grupo armado ilegal, que en 2002 fue designado organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
El proveedor de alimentos, Jaime Blanco, fue condenado a 38 años de prisión en 2013 por su participación en el asesinato de dos dirigentes sindicales que trabajaban para Drummond.
Blanco trabaja con el Tribunal de Crímenes de Guerra de la JEP desde 2019 para «aclarar la relación (financiera) entre las Autodefensas de Colombia (AUC) y Drummond entre 1993 y 2002».
El ex contratista de Drummond es actualmente el testigo clave de la PEC sobre el presunto financiamiento de la empresa estadounidense a grupos armados ilegales.
Drummond pidió ver el testimonio reservado de Maya, el cual fue rechazado por el tribunal de justicia transicional.
En un comunicado de prensa, la multinacional dijo que los cargos penales contra su jefe colombiano y su antecesor se basaron en falsos testimonios «de delincuentes condenados que recibieron pagos por su testimonio».
Estos testigos forman parte de «un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado estadounidense y abogados colombianos que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito», según Drummond.
La filial colombiana de la multinacional se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General y la PEC.
Estas investigaciones penales son de gran importancia para esclarecer los presuntos vínculos entre empresas extranjeras y escuadrones de la muerte en Colombia, que involucran a importantes inversionistas extranjeros como Chiquita y Glencore.