La violencia mortal en Buenaventura se ha intensificado en medio de fallas en la implementación de un proceso de paz prometido en la principal ciudad portuaria de Colombia en la costa del Pacífico.

La ola registrada de asesinatos amenaza con una pausa que había sido confirmada por las pandillas más grandes de Buenaventura, «Los Shotas» y «Los Espartanos», desde septiembre del año pasado.


Tregua entre pandillas restablece la paz en la principal ciudad portuaria del Pacífico de Colombia


En un video subido a las redes sociales durante el fin de semana, un grupo de hombres fuertemente armados juró defender la ciudad portuaria contra «Los Jalisco».

La amenaza siguió a una nueva ola de asesinatos, incluidos los de dos líderes de Los Shotas en mayo.

Asesinatos en Buenaventura

En respuesta a la amenaza, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, divulgó imágenes de fuerzas especiales de la Policía Nacional patrullando una de las zonas pobres de Buenaventura.

El ministro desoyó la invitación de la gobernadora de la provincia del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, de militarizar la ciudad.

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, lleva un mes en conversaciones con los shota y los espartanos en un intento por mantener su compromiso con el cese al fuego.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que solicitará al Congreso que apruebe una legislación que permita la desmovilización colectiva de los aproximadamente 1.700 miembros de estas pandillas cuando los legisladores regresen de las vacaciones de verano a finales de este mes.

Según el senador Ariel Ávila, uno de los artífices de las políticas de paz del gobierno, culpó a la falta de aprobación de esta ley por parte del Congreso antes del verano por el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura.

Ávila dijo en Twitter que la campaña política antes de las elecciones locales de octubre también estaba alimentando la violencia.

Buenaventura históricamente ha experimentado una violencia extrema y persistente como resultado de su puerto, que es un importante centro de exportación para el tráfico de cocaína.

La pobreza extrema entre los 400.000 habitantes de la ciudad y la corrupción política han agravado aún más la situación humanitaria en la ciudad portuaria.