La corte de crímenes de guerra de Colombia, JEP, anunció que investigará si exfuncionarios del gobierno son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de miles de civiles.
La JEP también investigará a exgenerales que encabezaron las Fuerzas Armadas durante la administración del expresidente Álvaro Uribe, dijo la corte en un comunicado de prensa.
Las nuevas investigaciones prioritarias se realizarán en paralelo con las investigaciones en curso en las provincias donde la mayoría de los civiles han sido asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Estas investigaciones resultaron en la acusación de más de 59 excomandantes regionales y sus presuntos asociados criminales de regiones prioritarias.
El tribunal dijo que verificará «si el modus operandi establecido en Antioquia, Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila ha sido replicado en otras regiones y corresponde a factores comunes de alcance nacional».
La investigación se centrará en el período comprendido entre 2005 y 2008, cuando los asesinatos masivos de civiles se dispararon en Colombia.
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Entre los que podrían ser llamados a declarar bajo juramento se encuentran Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como ministro de Defensa de 2006 a 2009.
El objetivo es identificar si existen razones suficientes para establecer que los miembros de las fuerzas de seguridad a nivel divisional y/o nacional estaban al tanto del patrón y la generalidad de los delitos. Si han participado o no, directa o indirectamente, por acción u omisión, en macro políticas o patrones delictivos y/o si han actuado o no con la debida diligencia para detener prontamente los delitos, teniendo los medios para hacerlo.
Jurisdicción Especial para la Paz (PEC)
La PEC dijo que investigaría específicamente cómo un decreto de 2005 ofreció bonificaciones para los oficiales militares con mejor desempeño.
Entre los investigados se encuentra el general Mario Montoya, exprofesor de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, de quien se dice que es uno de los principales culpables de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 6.400 civiles inocentes.